Por José Moncada
En abril se aprobó la Ley 5/2015 de fomento de la financiación empresarial, que regula en nuestro país las plataformas de financiación participativa, es decir, el crowdfunding. Por ello, desde La Bolsa Social, primera plataforma en España de crowdimpacting, el equity crowdfunding que pone en contacto a inversores de impacto con empresas sociales, queremos compartir en esta entrada las claves de la nueva norma.
Esta Ley regula únicamente las modalidades de equity crowdfunding y crowdlending, y deja fuera del ámbito de aplicación al crowdfunding de donación, pre-compra y recompensa. Por lo que su entrada en vigor afecta directamente a La Bolsa Social.
Es un hecho constatado que ambas modalidades de crowdfunding (equity crowdfunding y crowdlending) van teniendo cada vez una mayor relevancia en España. Según el informe de Ernst & Young y de la Universidad de Cambridge de 2015, el equity crowdfunding se ha incrementado en nuestro país desde 2012 un 234% llegando a los 10,5 millones de euros en 2014, y el crowdlending (tipología Peer-to-Peer Business Lending) un 363%, con 13,7 millones de euros.
Por ello, y tras varios meses de deliberación y debate, España dota al crowdfunding de un marco legal para otorgar amparo jurídico a la financiación de empresas de manera participativa. Las claves de la Ley del crowdfunding son las siguientes:
- ¿Qué implica?: La norma regula los servicios que las plataformas de equity crowdfunding y crowdlending pueden prestar, así como las condiciones que deben cumplir. La principal obligación es obtener la autorización de la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores), que a partir de ahora debe supervisar estas plataformas.
- Requisitos más exigentes: Para que la CNMV de luz verde al funcionamiento de cualquiera de estas plataformas, éstas tendrán que disponer de unos fondos propios (60.000 euros como mínimo), acreditar la idoneidad de los administradores para el ejercicio de sus funciones, contar con una buena organización administrativa y contable que garantice la seguridad, confidencialidad, fiabilidad y capacidad del servicio prestado y tener un reglamento interno de conducta.
- Información y transparencia: Para una mayor seguridad, la Ley del crowdfunding exige a la plataforma información detallada sobre su funcionamiento (procedimiento, tratamiento de datos, tasas, condiciones, etc.), los riesgos que implica la participación en préstamos o suscripción de acciones y el grado de supervisión de la financiación (las plataformas están supervisadas, pero los proyectos individuales que se publican no son examinados por la CNMV ni el Banco de España). Además, el proyecto o empresa a financiar deberá contener la información necesaria que permita al potencial inversor tomar su decisión.
- Protección del inversor. La Ley establece importantes salvaguardas para la protección del inversor. Junto con los elevados requisitos de transparencia, impone una serie de limitaciones a las plataformas para evitar los conflictos de interés. Además, distingue entre inversores acreditados y no acreditados, y prohíbe que estos últimos inviertan más de 3.000 euros por proyecto, ni 10.000 euros al año en varias empresas.
¿Quién puede ser un inversor acreditado? Además de los inversores profesionales y ciertas personas jurídicas, aquellos que lo soliciten y tengan una renta superior a 50.000€ euros al año o un patrimonio financiero de más de 100.000 euros. También los que tengan un contrato de asesoramiento financiero. El resto son inversores no acreditados
En cuanto a los proyectos, la norma estipula que pueden obtener un máximo de 5 millones de euros si se financia sólo con inversores acreditados. Si se recurre también a los no acreditados, el tope estará en 2 millones.
Con esta Ley, España se suma a otros países europeos que han regulado el crowdfunding, como Francia, Alemania, Italia o Reino Unido. Actualmente la Comisión Europea está explorando esta nueva vía de financiación participativa para dirimir si vale la pena un enfoque europeo armonizado.
Con el tiempo, se deberá revisar la norma para suavizar cuestiones como los límites a los proyectos y matizar algunos detalles prácticos que plantean inconvenientes a los operadores sin aportar una clara ventaja a los usuarios.
En todo caso, desde La Bolsa Social valoramos muy positivamente la nueva Ley. La regulación supone un paso adelante porque sujeta al sector a la supervisión de la CNMV y confiere seguridad jurídica a la inversión a través del crowdfunding. No obstante, el mercado no es nacional, sino europeo, así que seguiremos con atención los trabajos de la Comisión Europea y la Autoridad Europea de Mercados y Valores (ESMA) para estar al día de todas las novedades que vayan surgiendo.
